Hasta ahora, las multas emitidas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y los ayuntamientos tenían un tratamiento distinto a nivel económico y administrativo. Una de las de esta dualidad se producía cuando la multa era mal notificada, toda vez que el conductor conseguía con cierta frecuencia recurrir con éxito la parte económica de la misma, no así la detracción de puntos que pudiera venir asociada. Eso, en teoría, se acabó gracias a una reciente sentencia de un Juzgado de Madrid.
